Gobierno les da la espalda a las comunidades aimaras de Puno
El gobierno no cumple con las comunidades aimaras Chila Chambilla y Chila Pucara. En abril pasado, sus representantes viajaron a Lima y arrancaron el compromiso del Ministerio de Energía y Minas y de Cultura que las dos concesiones mineras de 2000 hectáreas que se sobreponen a sus territorios comunales sean declaradas nulas de oficio por haber sido otorgadas violando el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada.
Hace 70 años. Las familias de campesinos que vivíamos dentro de los linderos de los Arteta llegábamos casi a cincuenta. Quizás éramos más. Y cada familia se encargaba de justificar su permanencia en la tierra del señor prestando un trabajo a cambio. Toda la hacienda era del patrón. Él era dueño de la tierra y de la gente que habitaba en ella. Vivimos de rodillas el tiempo que nos duraba la vida, y todo porque no éramos dueños de nada.
Mi abuelo hacía las veces de pastor, ya que le sentaba mejor que labrar la tierra. A su cargo estaba el cuidado de trescientas cabezas ovinas. ¡Parecían un mar de lana en ascenso cuando las conducíamos al cerro a pastar día a día!, y mientras más cerca nos encontrábamos de la cima, la blancura del rebaño brillaba tanto como la nieve alrededor a la hora del almuerzo.
Era una responsabilidad enorme. Un rebaño de esa dimensión necesitaba todos los pastores posibles, por lo que la familia entera teníamos que ayudar al papá grande, ya que, si algo malo le pasaba a alguna oveja, la respuesta del patrón, y del capataz, se cernían duramente sobre el abuelo. Y así ocurrió en más de una ocasión. Un día, al amanecer, hallamos muertos a dos corderos del rebaño. La saña de un zorro pendenciero había hecho de las suyas. Y ni siquiera se las había devorado, sino que solo se dio el gusto de darles muertes y las abandonó sin más.
Dando noticia al patrón, éste le exigió que le mostrara ambos cuerpos, puesto que no creía la versión del ataque del zorro. El señor se quedó con ambos cadáveres, cobrándonos además con otras dos ovejas de las más grandes que teníamos, a modo de compensación por los daños que le estábamos generando. Y el capataz, por su lado, saldó cuentas a su modo, rompiendo el aire con su fuete y cortándole el rostro al abuelo.
No vamos a permitir que estos abusos se vuelvan a repetir. Nos costó años de lucha el volver a retomar la tierra que ancestralmente fue nuestra. Tenemos que defenderla de quien quiera arrebatárnosla. ¡Somos los dueños ahora! ¡Por nuestros hijos, por nuestros padres, por nosotros mismos!
El desplante del Minem
El 28 de abril del presente año, las comunidades aimaras de Chila Chambilla y Chila Pucara viajaron a la ciudad de Lima para dialogar con funcionarios representantes del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y del Ministerio de Cultura (Mincul), a fin de que sus preocupaciones sean oídas y sus solicitudes atendidas por estas dos carteras. La petición presentada exigía que las dos concesiones mineras de 2000 hectáreas que se sobreponen a sus territorios comunales sean declaradas nulas de oficio por haber sido otorgadas violando el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada.
En una reunión en el Congreso de la República, convocada por la congresista Margot Palacios, presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, los representantes del Minem suscribieron un acta en el que se comprometían, primero, efectuar un informe técnico de la situación de las concesiones mineras que afectan a las comunidades aimaras recurrentes, atendiendo a la solicitud que en dicha reunión se hizo alcance, y , segundo, oralizar el contenido de ese informe de forma presencial en las mismas comunidades comprometidas. El compromiso de visitar a las comunidades juleñas se acordó para la tercera semana de mayo del año en curso.
Sin embargo, cumplida la fecha pactada, ningún funcionario del Minem se hizo presente en el territorio comunal aimara. Tampoco se emitió ningún tipo de pronunciamiento o aviso que justificara su ausencia o señalara nueva fecha o cualquier otra acción. El silencio de las autoridades del sector minero fue absoluto y la injuria aún más grande. Nuevamente, el Minem volvió a vilipendiar a los aimaras con este desaire.
Recién el último 10 de agosto, desde el despacho del congresista por Puno, Flavio Cruz Mamani, pusieron en conocimiento de ambas comunidades aimaras la respuesta que recibieron de la Dirección de Gestión Minera de la Dirección General de Minería del Minem.
Mediante el informe 655-2022-MINEM-DGM, la Dirección General de Minería indica que debido a que las comunidades recurrieron a las instancias del Poder Judicial (PJ) y ante el Tribunal Constitucional (TC), ellos, como funcionarios administrativos, “están impedidos de cuestionar las resoluciones judiciales u otros poderes del Estado, incluyendo los organismos constitucionalmente autónomos”. Y que en este caso las comunidades ya han tenido respuesta de los órganos de justicia, por lo que el pedido de nulidad de las concesiones mineras ya “ha sido objeto de pronunciamiento definitivo por las instancias mencionadas”.
Para esto citan el artículo 4 de la Ley Orgánica del PJ que señala que “toda persona o autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas por una autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala”. Agrega que “no se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad política, administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso.”
Sin embargo, el Minem y el Ingemmet, en otros casos, no tuvieron ninguna intención de cumplir sentencias emitidas también por el PJ cuando ordenaba que se abstuviera de emitir concesiones mineras sin antes cumplir con un proceso de consulta previa a favor de las comunidades, más al contrario las impugnaron o demandaron su nulidad (Sentencia de Vista 218-2014 del expediente judicial número 01846-2012-0-2101-JM-CI-03 y Sentencia 158 – 2022 del expediente judicial número 1436-2011-0-2101-JM-CI-03). Es decir, el sector minero obedece al pie de la letra aquellas sentencias que les permite seguir dando concesiones por encima de los derechos de los pueblos indígenas, pero rechaza las que les exigen la aplicación del Convenio 169 de la OIT y el respeto del derecho de la consulta previa. Todo muy conveniente para la cartera de Energía y Minas, pero atentatorio para los pueblos aimaras.
Preocupa sobremanera que la infame sentencia del TC, que desconoce el derecho a la consulta previa como derecho fundamental, empiece a ser acogida y citada por los distintos sectores del Ejecutivo como principal referente, cuando esta sentencia no tiene siquiera la calidad de jurisprudencia vinculante, y cuando en audiencia en el Congreso, los representantes del Minem coincidían con nosotros al momento de pronunciarnos en que esta sentencia no debe ser aplicable por contradecir años de jurisprudencia y por su claro contenido atentatorio.
Por esto último, las comunidades aimaras se reafirman en su ánimo y necesidad de buscar la nulidad de esta sentencia del TC ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tienen todo para presentarlo pronto ante la CIDH.