La escena fue contundente. Josué Gutiérrez, actual titular de la Defensoría del Pueblo, fue abucheado y expulsado del Teatro Municipal de Puno por autoridades originarias aimaras y quechuas que asistieron al Encuentro Regional de Comunidades Campesinas. La ciudadanía no solo lo rechazó de forma unánime, sino que lo hizo con memoria, con dignidad y con la voz firme de quienes aún esperan justicia por las más de 50 asesinatos ocurridas durante la represión estatal en las protestas de 2022 y 2023 contra el régimen de Dina Boluarte.

“No queremos su presencia acá, señor Josué. Eso tiene que quedar bien claro”, exclamó uno de los representantes comunales, mientras el auditorio coreaba con fuerza “¡Fuera, fuera!” y “¡Puno no olvida!”. El mensaje no fue solo contra la figura de Gutiérrez. Fue una sentencia colectiva contra la institucionalidad cómplice, esa que nunca llegó cuando el pueblo sangraba y luchaba por sus derechos.

Frente a ello, la respuesta del defensor fue desconectada del dolor que recorre en la vida de los pueblos quechuas y aimaras que han perdido a sus seres queridos, a sus hermanos y hermanas en defensa de sus derechos. “Nunca me habían rechazado así, pero tengo legitimidad”, dijo Gutiérrez, minimizando el acto político y social como si se tratara de una anécdota o de una maniobra orquestada. ¿Acaso no comprende que la legitimidad no se decreta desde Lima ni se compra con alianzas congresales? La legitimidad, en territorios como Puno, se construye con coherencia, presencia real y defensa efectiva de la vida.

A la Defensoría del Pueblo se le reprocha su silencio cómplice frente a las masacres. En vez de alzar la voz con claridad y firmeza ante los asesinatos de ciudadanos peruanos por parte de las fuerzas del orden, optaron por una postura tibia, ambigua, inaceptable. Mientras madres lloraban a sus hijos, la institución encargada de velar por los derechos humanos se mantuvo en una prudencia que ofende. Por eso, cuando los comuneros, autoridades originarias y defensores de derechos humanos lo vieron aparecer en su territorio, lo vieron como una provocación.

“No queremos ser parte de una estrategia para lavarse la cara. No fuimos informados que él estaría aquí, y ahora quieren usar nuestra presencia para validar su gestión”, denunció otro líder local. La ciudadanía aimara y quechua no se deja utilizar ni manipular, mucho menos en un contexto donde las heridas siguen abiertas, y el Estado ha demostrado una y otra vez su desprecio por la vida de los pueblos indígenas.

Gutiérrez, en su defensa, recurre a la narrativa de victimización política: “Probablemente se han organizado antes, pero no quiero ahondar”. ¿Acaso es tan difícil reconocer que el rechazo nace del dolor legítimo, de la indignación justa de un pueblo que ha sido ignorado y criminalizado sistemáticamente?

En Puno no se olvida que el defensor fue electo con los votos de Perú Libre y Fuerza Popular, partidos que hoy cogobiernan sin pudor. Él mismo lo reconoció: “Me apoyaron todas las bancadas”. Pero en ese respaldo político no se encuentra la verdadera legitimidad. Esa se gana caminando junto al pueblo, arriesgando la voz y el cargo por quienes sufren abusos del poder.

El rechazo a Josué Gutiérrez es también un acto de memoria colectiva. Puno le grita al país que no aceptará más imposiciones desde arriba, que no olvidará a los muertos ni permitirá que se silencie el dolor con discursos técnicos o estrategias institucionales.

Hoy, más que nunca, necesitamos una Defensoría del Pueblo comprometida con la verdad, con el pueblo y con la justicia. Y eso solo es posible si quienes la dirigen tienen el coraje de pararse frente al poder, no detrás de él. La voz de Puno ha hablado. Y en esa voz resuena todo un país cansado del abuso y del olvido.

Escribe: Vito Yuganson Calderón Villanueva