Hoy, las comunidades campesinas de Chila Chambilla y Lihuayto han vuelto a recurrir a la justicia. Esta vez, han presentado una nueva demanda constitucional de acción de amparo ante el Juzgado Mixto de la provincia de Chucuito, exigiendo la nulidad de la concesión minera Rex II, otorgada sin consulta previa en sus territorios ancestrales. No se trata de una petición aislada o caprichosa. Es, en realidad, un acto de dignidad colectiva, de defensa de sus derechos históricos como pueblos originarios.

En 2022, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) volvió a autorizar una concesión minera de 200 hectáreas sobre los territorios comunales de Chila Chambilla y Lihuayto, beneficiando a intereses particulares. Esta decisión es una prueba más de que el Estado peruano persiste en negar a las comunidades campesinas el derecho a decidir su propio modelo de desarrollo, manteniéndose atado a un paradigma extractivista que amenaza la vida, la salud, el medio ambiente y la cultura de los pueblos originarios.

¿Acaso no bastan once años de resistencia pacífica para que el Estado entienda que no puede seguir ignorando los derechos de las comunidades aimaras?

Roberto Mariaca Calderón, presidente de la comunidad de Chila Chambilla, lo resume con claridad: “Estas concesiones afectan directamente la tranquilidad y el buen vivir de mis comuneros. Vivimos con temor a que se inicien trabajos mineros que contaminen el aire, el agua, la tierra y perjudiquen nuestra salud”.

Ese temor es legítimo. La experiencia de otras regiones muestra que la minería no solo degrada los ecosistemas, sino también fragmenta el tejido social, criminaliza a líderes comunales y deslegitima formas de vida ancestrales profundamente ligadas al territorio y al equilibrio con la naturaleza.

Antecedentes

Desde hace más de una década, las comunidades de Chila Chambilla y Chila Pucara, en el distrito de Juli, provincia de Chucuito, resisten de forma pacífica y organizada la imposición de concesiones mineras impuestas sin su consentimiento. Esta lucha no solo revela el desprecio sistemático del Estado peruano hacia los derechos de los pueblos originarios, sino también evidencia la persistencia de un racismo estructural enquistado en las instituciones estatales.

En 2014, las comunidades descubrieron que desde el año 2005 existía una concesión minera de 2000 hectáreas otorgada por INGEMMET en sus territorios. Dicha concesión se otorgó sin consulta previa, libre e informada, violando flagrantemente el Convenio 169 de la OIT, tratado internacional ratificado por el Perú, pero constantemente ignorado en la práctica.

Pese a que interpusieron una demanda de amparo, la justicia peruana les dio la espalda, cuestionando la identidad aimara de las comunidades, desconociendo sus procesos de autoidentificación y cosmovisión. Peor aún, el Tribunal Constitucional llegó al extremo de afirmar que la consulta previa no constituye un derecho fundamental, insinuando que los pueblos indígenas no tienen derecho a exigirla. Ante semejante arbitrariedad, el caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), confirmando que, para los pueblos indígenas del Perú, la justicia real se busca más allá de sus propias fronteras.

El Estado insiste en imponer un modelo de desarrollo extractivista, basado en la explotación irracional de los territorios, sin diálogo, sin consentimiento y sin respeto por la vida comunitaria. Pero las comunidades aimaras no se oponen al desarrollo. Lo que proponen es un modelo alternativo, desde su propia mirada del mundo: uno que respete a la Madre Tierra, que valore la organización comunal y que coloque en el centro el derecho colectivo a decidir su destino.

Frente a este escenario, cabe hacerse una pregunta crucial: ¿Seguirá el Estado peruano actuando como cómplice de la minería irresponsable o, finalmente, empezará a escuchar a los pueblos que exigen respeto, justicia y una vida digna?

Escribe: Vito Calderon