Jatun Ayllu y Llallimayo y las rutas legales que las comunidades pueden seguir para defender sus derechos al agua limpia, la salud y medio ambiente.

El río Llallimayo y Jatun ayllu en el norte de la región Puno, es mucho más que un cauce de agua: es alimento, salud, trabajo y memoria para cientos de familias campesinas. Hoy, ese río está enfermo, envenenado y sin vida. La contaminación causada por la actividad minera de  Aruntani SAC, ha dejado una huella profunda en la vida cotidiana de las comunidades que dependen de él. Frente a esta realidad, surge una pregunta urgente y necesaria: ¿qué puede hacer una comunidad cuando el agua que sostiene su vida ha sido contaminada?

El abogado especialista en derechos humanos y ambientales, Juan Carlos Ruiz Molleda, plantea que sí existen caminos legales y de defensa, y que conocerlos es clave para que las comunidades no enfrenten solas esta problemática.

Llallimayo y Jatun ayllu: un río del que depende la vida diaria

En el campo, el agua no es un servicio que se abre con una llave. Es el río, el manantial, la acequia. En el caso del Llallimayo y Jatun Ayllu, sus aguas son utilizadas para el consumo humano, el riego de cultivos y la crianza de animales. Cuando el río se contamina, no existe una alternativa inmediata.

Niños, niñas, personas adultas mayores y familias enteras continúan usando el agua porque no tienen otra opción. Esta situación convierte a la contaminación en una amenaza permanente, que no siempre se ve, pero que afecta silenciosamente la salud y la economía familiar.

Antecedentes: la actividad minera y el daño ambiental

Entre los años 2007 y 2019, la empresa minera Aruntani SAC desarrolló operaciones en la cabecera de la cuenca Jatun Ayllu y llallimayo. Durante ese periodo, las comunidades comenzaron a notar cambios preocupantes: alteración del color del agua, olores extraños y enfermedades en el ganado y en estos últimos años, según análisis de tamizajes de sangre y orina se detectaron personas con metales tóxicos.

Las denuncias llevaron a la intervención del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que confirmó la presencia de contaminación vinculada a la actividad minera. Como resultado, en 2019 se ordenó la paralización de las labores de la empresa. Sin embargo, aunque la actividad fue detenida, los impactos ambientales y sociales continúan afectando a la población.

Lo que explica el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda: tener claridad para defenderse

De acuerdo con el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, uno de los principales problemas es que muchas comunidades no reciben información clara sobre qué derechos han sido vulnerados ni qué acciones pueden tomar.

El primer paso, señala, es definir qué se quiere proteger: la salud, el agua, el ambiente, los medios de vida o todos a la vez. Esta claridad permite elegir mejor las estrategias legales y evitar el desgaste comunitario.

El derecho a la salud: una prioridad que no puede esperar

Ruiz Molleda enfatiza que ninguna persona debería consumir agua contaminada. Cuando existe evidencia visible de contaminación por metales pesados, el Estado tiene la obligación de garantizar una atención de dotar agua limpia, y además una atención médica oportuna, adecuada y especializada a la población afectada.

En las zonas de Jatun Ayllu y Llallimayo, el agua contaminada por minas lleva más de 16 años dañando a la gente con metales venenosos. Por eso, Ruiz Molleda pide acciones simples: chequeos médicos completos (exámenes de sangre, orina y cabello), cuidado constante de la salud, sobre todo para niños y abuelitos, y que el gobierno admita oficialmente el daño que han sufrido.

En zonas rurales, muchas veces la enfermedad se normaliza. Pero enfermar por el agua no es parte de la vida campesina, es una vulneración de derechos fundamentales.

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la importancia de demostrar la contaminación

Otro punto clave que resalta el abogado es el rol de Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), ya que esta institución cuenta con capacidad técnica para identificar el origen de la contaminación.

Las sanciones y medidas administrativas no solo buscan castigar a la empresa, sino reconocer oficialmente el daño, algo fundamental para que las comunidades no sean desacreditadas ni silenciadas.

¿Es posible exigir reparación por los daños?

Sí. Ruiz Molleda explica que las comunidades pueden exigir reparación por los daños sufridos, como la pérdida de ganado, la afectación a los cultivos y los problemas de salud.

Además, la contaminación ambiental no es un hecho aislado, sino una afectación que puede mantenerse en el tiempo, lo que abre la posibilidad de seguir exigiendo justicia incluso años después.

Proteger el río para proteger la vida

Una de las propuestas más importantes es avanzar hacia el reconocimiento del río como un bien protegido, incluso como sujeto de derechos, con las comunidades como sus guardianas.

Este enfoque no solo defiende el agua, sino que reconoce el vínculo profundo entre el territorio y quienes lo habitan.

Jatun Ayllu y Llallimayo: una lección para el país

El caso de las cuencas Jatun Ayllu y Llallimayo no es un hecho aislado. Refleja una problemática estructural que viven muchas comunidades rurales del Perú, donde el extractivismo avanza sin garantizar la vida, la salud ni el medio ambiente.

La experiencia de Jatun Ayllu y Llallimayo demuestra que informarse es un acto de defensa. Conocer los derechos, entender los caminos legales y fortalecer la organización comunitaria es fundamental para que estas situaciones no se repitan.

La lucha por el agua es la lucha por la vida

Defender las cuencas de Jatun Ayllu y Llallimayo es proteger la vida real de familias que beben esa agua, riegan sus cultivos y crían su ganado, y además de ser su único sustento. Tras 16 años de daño ambiental, es urgente que el Estado actúe de manera efectiva y que la empresa responsable  ARUNTANI SAC asuma su obligación de remediar la contaminación, limpiar los ríos y reparar los impactos en la salud de la población.

Escribe: Gisela Pimentel Poma