Declaraciones más polémicas del debate presidencial 2026, donde se destacan a Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, quien afirmó: “retiro de la Corte Interamericana de Derechos Inhumanos”. Por su parte, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, señaló: “si es que tenemos que retirarnos de la Corte, pues lo haremos”. En la misma línea, Carlos Álvarez, de País Para Todos, manifestó: “voy a denunciar el Pacto de San José y aplicar la pena de muerte en el Perú”.

En el contexto de las elecciones generales de 2026, durante el último debate presidencial, sectores de partidos políticos vinculados al denominado “pacto mafioso” plantearon la posibilidad de que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el argumento de habilitar la aplicación de la pena de muerte frente a la delincuencia. Esta propuesta ha generado una profunda preocupación a nivel nacional, especialmente entre organizaciones sociales, que advierten que podría abrir la puerta a la impunidad y al abuso de poder.

La medida tendría implicancias para todos los casos de vulneración de derechos fundamentales, especialmente para aquellos ocurridos en las regiones del sur del país, donde entre 2022 y 2023 se registraron graves hechos de represión y masacres durante el régimen de Dina Boluarte.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, adscrito a la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha sido un mecanismo clave para garantizar justicia cuando las instancias nacionales resultan insuficientes o fallan. A lo largo de los años, ha contribuido a proteger derechos esenciales como la vida, la integridad personal y la libertad frente a abusos de poder. Su eventual abandono generaría un vacío en la protección efectiva de los derechos humanos y debilitaría la supervisión internacional sobre las decisiones del Estado peruano.

En entrevista con el programa ARUSA, el abogado José Bayardo Chata Pacoricona, director ejecutivo de Derechos Humanos y Medio Ambiente, advirtió que una eventual salida de este sistema favorecería a autoridades que incurran en irregularidades y abuso de poder. Señaló que, sin supervisión internacional, se incrementaría el riesgo de impunidad en casos de violaciones de derechos humanos, así como la criminalización de defensores y defensoras ambientales y de derechos humanos. Asimismo, sostuvo que las víctimas tendrían menos mecanismos para acceder a la justicia, lo que evidenciaría prácticas de racismo, discriminación y estigmatización hacia los pueblos originarios.

Como antecedente, recordó que tribunales internacionales han emitido sentencias clave en casos ocurridos durante el gobierno de Alberto Fujimori, en contextos donde el sistema judicial peruano no garantizó una justicia oportuna. En ese sentido, diversos sectores de la ciudadanía, especialmente en el sur del país, expresan su preocupación por el futuro de sus derechos. Consideran que el actual proceso electoral será determinante para definir el rumbo democrático y el respeto a los derechos humanos en el Perú.