La situación en Ocuviri, provincia de Lampa, no puede seguir siendo tratada como un caso más en la larga lista de pasivos ambientales mineros del país. Lo que está ocurriendo en la Institución Educativa Primaria N.º 70402 es, en palabras sencillas y dolorosas, una tragedia que golpea directamente a la infancia quechua y que revela, una vez más, el abandono del Estado frente a la contaminación de la minera Aruntani por más de 16 años.

La denuncia fue hecha pública por el director del colegio, Ronald Carlos Llanque Rodríguez, en una entrevista para Satel Perú, medio regional que desde hace años visibiliza la realidad que viven las comunidades afectadas por actividades extractivas mineras en Puno. Su testimonio es contundente: alrededor del 90 % de los niños y niñas del plantel tendrían metales pesados en la sangre. No se trata de cifras frías; se trata de cuerpos pequeños intoxicados, de infancias alteradas, de futuros amenazados.

Estos metales provenientes de la contaminación atribuida a la Empresa Minera Aruntani desde el año 2009 no solo ingresan al organismo: se quedan allí, se acumulan y dañan silenciosamente la salud. El director explicó que estas sustancias afectan la mielina, la capa que protege las neuronas y permite que las señales del cerebro se transmitan correctamente. Cuando esa protección se pierde, el aprendizaje se vuelve más difícil, la memoria se debilita y la concentración disminuye. En otras palabras: la contaminación les roba a estos niños la posibilidad de aprender en igualdad de condiciones.

Los docentes hacen lo que pueden, pero ¿cómo enseñar a un niño que lucha diariamente contra un daño invisible en su sistema nervioso? ¿Cómo pedir rendimiento escolar a estudiantes cuyos cuerpos están siendo vulnerados por una contaminación que nunca pidieron ni provocaron?

El distrito de Ocuviri, además, se encuentra en una zona alejada. Esa lejanía que debería ser atendida con mayor compromiso del Estado se convierte paradójicamente en excusa para la inacción: pocos funcionarios llegan, la atención médica especializada es casi inexistente y las demandas de la población se diluyen en la indiferencia burocrática.

Desde DHUMA expresamos nuestro total respaldo al director Ronald Llanque, cuya voz refleja la angustia de toda una comunidad. Lo ocurrido en Ocuviri no es un caso aislado; es parte de un patrón que se repite en Puno, Cusco, Apurímac, Pasco y tantas otras regiones donde la minería avanza mientras la salud retrocede. Las comunidades pagan un costo altísimo por un modelo extractivo que promete desarrollo, pero deja enfermedades, suelos degradados, aguas contaminadas y escuelas llenas de niños que aprenden a convivir con el dolor.

Hoy, Ocuviri nos recuerda una verdad que el país se niega a enfrentar: la niñez de las zonas rurales sigue siendo sacrificada en nombre de la minería. Y eso no puede normalizarse.

Exigimos la intervención urgente del Ministerio de Salud y de todas las instituciones competentes. La atención especializada no puede seguir esperando. No se trata de un pedido, sino de una obligación del Estado peruano.