Los Defensores de Coasa se indignan frente a las leyes que amenazan derechos y territorios

Coasa, 22 de septiembre. En el distrito de Coasa, provincia de Carabaya, se desarrolló el taller “Llegando a tu comunidad”, donde defensores y defensoras analizaron la actual crisis política y ambiental del país, así como temas clave como el Censo Nacional 2025, la Ley de Amnistía y la Ley N.° 32293 sobre deslinde y titulación de tierras comunales. Los participantes coincidieron en que estas normativas representan un serio retroceso en los derechos de los pueblos originarios quechuas y aimaras y en la protección de sus territorios.

La actividad fue liderada por Sabino Huarsocca Naredo, presidente de la Comunidad Campesina de Coasa, quien convocó a la organización de mujeres, jóvenes y población en general. Todos participaron activamente en los debates, planteando preocupaciones y propuestas frente al escenario político actual.

La Ley de Amnistía: una amenaza para los derechos humanos

El 13 de agosto, Dina Boluarte y sus aliados promulgó la Ley de Amnistía, impulsada por el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, y aprobada por el Congreso. Esta norma otorga beneficios a policías y militares responsables de violaciones de derechos humanos cometidas entre los años 1980 y 2000, exactamente en el régimen de Alberto Fujimori.

Para José Chata Pacoricona, director ejecutivo de Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), la ley busca consolidar la impunidad, no solo respecto al pasado, sino también para los crímenes ocurridos en las masacres de diciembre de 2022 y enero de 2023. Según Chata, “el Congreso, en lugar de fortalecer la democracia y la protección de los derechos humanos, nos está llevando a una situación de tiranía, dictadura y retroceso frente a las conquistas de los pueblos indígenas”.

En ese sentido, instó a los asistentes a ejercer un voto consciente en las elecciones nacionales de 2026, castigando a los partidos conservadores que hoy controlan instituciones clave como la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público. Recordó además que, de los 39 partidos inscritos, solo unos pocos, entre ellos Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza para el Progreso, tienen posibilidades de superar la valla electoral del 5%. Estos partidos representan a los intereses económicos y empresariales.

“Debemos tener memoria y dignidad. Los pueblos deben unirse en torno a un solo candidato que represente nuestros intereses territoriales, para no dar ventaja a quienes respaldan las políticas represivas del actual régimen”, enfatizó.

Ley N.° 32293: el despojo de tierras comunales

Por su parte, Raúl Yugra Butrón, miembro de DHUMA, explicó los riesgos de la Ley N.° 32293, que, bajo la figura de deslinde y titulación, facilita el despojo de tierras comunales. Calificó esta norma como inconstitucional, ya que debilita la organización comunal y amenaza directamente la defensa de los territorios ancestrales.

Asimismo, resaltó la importancia del Censo Nacional 2025 e instó a la población a responder con conciencia, en especial en las preguntas sobre autoidentificación étnica. “Debemos responder con orgullo: yo me siento y me reconozco como aimara, quechua o uro, en respeto a mis antepasados, costumbres y tradiciones”, afirmó.

El encuentro concluyó con el compromiso de los y las participantes de replicar los aprendizajes en sus comunidades, fortalecer la organización comunal, promover la defensa de los territorios y consolidar el ejercicio pleno de los derechos humanos y colectivos de los pueblos originarios de la región.