En 2024, el Tercer Juzgado Civil de Puno reconoció la valentía y resistencia de la comunidad campesina de Jatucachi, emitiendo un fallo histórico en defensa de sus derechos. En dicha sentencia, se declaró inconstitucional el otorgamiento de 13 concesiones mineras aprobadas por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú (INGEMMET), al haber vulnerado derechos fundamentales como la consulta previa, el territorio y la autodeterminación, reconocidos en la Constitución y en el Convenio 169 de la OIT.

El juzgado dispuso la anulación de las concesiones aún vigentes: "010422808-RICKY 1" de la empresa Cultinor SAC, "010127315-TANIA 2015" de la empresa Minera del Norte SA y "010000109L-ACUMULACIÓN MARIELA" de la empresa Aruntani SAC, mientras que las otras diez concesiones fueron declaradas caducas. Asimismo, ordenó al MINEM e INGEMMET abstenerse de reincidir en acciones u omisiones que vulneren el derecho a la consulta previa, garantizando que no se otorguen nuevas concesiones sin el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad de Jatucachi.

Las empresas mineras apelaron esta decisión, elevando el caso a una instancia superior. La audiencia de vista de causa se llevará a cabo el 7 de octubre de 2025 , fecha en la que la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno deberá ratificar o revocar la sentencia de primera instancia. La comunidad mantiene la expectativa de que esta revisión permita hacer valer sus derechos y detener o modificar las operaciones mineras que vienen afectando sus territorios y formas de vida.

La resolución que adopte la Sala será de enorme trascendencia, pues podría sentar un precedente jurídico en la defensa de los pueblos indígenas frente a proyectos extractivos. La comunidad campesina de Jatucachi exige el reconocimiento pleno de sus derechos colectivos y la garantía de un ambiente sano para las generaciones futuras.

Este caso refleja, además, la lucha común de muchas comunidades indígenas que buscan proteger sus territorios y formas de vida frente al avance de la minería, planteando la necesidad de encontrar un equilibrio justo entre desarrollo, respeto ambiental y diversidad cultural.

En la audiencia, los jueces Monzón Mamani, Sarmiento Apaza y Apaza Gonzales analizarán con detalle las pruebas y argumentos de ambas partes. Se espera que su decisión contribuya a la defensa de los derechos colectivos de la comunidad de Jatucachi y al respeto de sus territorios y culturas ancestrales, asegurando justicia y bienestar para las generaciones presentes y futuras.