El 24 de agosto, la comunidad campesina de Condoraque y la empresa minera Cumbres del Sur, en el distrito de Quilcapunco, provincia de San Antonio de Putina (Puno), recibieron a una delegación de autoridades y dirigentes de la cuenca Llallimayo integrada por los distritos de Llalli, Umachiri, Upi y Ayaviri (provincia de Melgar), así como a representantes de la cuenca Jatun Ayllu del distrito de Ocuviri (provincia de Lampa). Esta visita fue acompañada por Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA).

El objetivo de la actividad fue conocer la experiencia de recuperación ambiental de la laguna Choquene y de los ríos efluentes, mediante la implementación de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales (PTARI).

En 1976 la Compañía Minera Regina Palca 11 S.A., de capitales extranjeros, inició la explotación de tungsteno en Condoraque en un área de 240 hectáreas, dentro del territorio comunal. Tras casi dos décadas de operación, la empresa se retiró en 1995 dejando atrás más de 1 millón 200 mil toneladas de relaves mineros, sin ninguna medida de remediación. Lo que en un inicio fue presentado como progreso terminó convirtiéndose en una herida abierta en la tierra y en la vida de la comunidad.

Las consecuencias fueron devastadoras: la laguna Choquene y los ríos que alimentan al Titicaca quedaron contaminados, la ganadería alpaquera y ovina comenzó a morir por diarreas, abortos y polio, mientras que los comuneros sufrieron dolores de cabeza, afecciones respiratorias, náuseas y malestares reumáticos. Lo que quedó fue un territorio herido y una población que, además de cargar con la contaminación, tuvo que enfrentar el abandono y la indiferencia del Estado y de la propia empresa.

Durante la visita, representantes de la empresa minera explicaron que la recuperación ambiental se desarrolló en tres etapas:

1. Ejecución de canales de evacuación de aguas pluviales y de fuentes no contaminadas.
2. Remoción de aguas ácidas y sedimentos provenientes de pasivos ambientales mineros en la laguna Choquene.
3. Implementación de la PTARI, que trata las aguas ácidas de las bocaminas, principalmente de la Rampa Marcelo.

Actualmente, este proceso de remediación se encuentra en la etapa de post cierre (2022-2031), lo que implica un monitoreo y supervisión permanentes para garantizar la sostenibilidad de los pasivos ambientales mineros (PAM).

En horas de la tarde, el equipo técnico de DHUMA realizó un monitoreo del río Condoraque, evaluando parámetros de pH, oxígeno disuelto y macroinvertebrados. Los resultados fueron alentadores:

• El pH, que anteriormente llegaba a niveles críticos de 2.5 a 3.5, alcanzó un valor de 8.0, lo que lo hace apto para la vida acuática.
• El oxígeno disuelto registró valores de 5.8 y 6.0 en las muestras analizadas.
• En cuanto a macroinvertebrados, se constató la presencia de larvas y otros organismos, evidencia clara de la recuperación de la calidad del agua.

El presidente de la comunidad campesina de Condoraque, Rubén Orihuela Mamani, destacó que las aguas muestran una recuperación evidente tras años de daño, y aseguró que el seguimiento continuará para que este proceso beneficie a las futuras generaciones. Como testimonio esperanzador, mencionó que en el río Condoraque ya se puede observar la presencia de truchas, signo de que la vida está regresando al ecosistema.

Finalmente, DHUMA y las delegaciones participantes coincidieron en la importancia de mantener la vigilancia comunitaria y de fortalecer la articulación entre organizaciones sociales, autoridades locales y especialistas, con el propósito de proteger las fuentes de agua que sostienen la vida de las comunidades campesinas y de la Madre Tierra en la región de Puno.