Vía crucis de la lucha aimara

Vía crucis de la lucha aimara

SIN JUSTICIA.Un juzgado de Juli, una sala de Puno y el Tribunal Constitucional han emitido sendos fallos que atentan contra los derechos de las comunidades aimaras Chila Chambilla y Chila Pucara de la región altiplánica. Jueces y tribunos desconocen el valor del Convenio 196 de la OIT y el derecho a la consulta previa en cuanto a actividades extractivas. Con la sentencia sale ganadora la minera Kuskalla Mining que posee 2,000 hectáreas concesionadas de terrenos comunales.

Hace 500 años.

Así llegaron aquellos forasteros, venidos de quién sabe dónde, a decirnos que ahora eran ellos los nuevos propietarios de las nuestras tierras y que el señorío sobre el territorio, que desde siempre habíamos tenido, acababa por la divina venia de una voluntad superior. Vinieron vestidos a su modo, con su propio dios, sus usanzas y técnicas, muy distinta a la que conocíamos hasta entonces. Y llegaron, sobre todo, con un montonal de papeles que, según ellos, los convertían en los nuevos dueños, por encima de nosotros.

Se burlaron diciéndonos que éramos unos ilusos por reverenciar y ofrecer plegarias a los elementos que teníamos alrededor, y que por el contrario debíamos rezar a una fe que no podíamos ver. Que las montañas a las que le rendíamos tributo poseían solo un valor económico y ninguno espiritual. Que estábamos errados. Que con su pericia en la materia productiva impulsarían una verdadera revolución en favor del progreso y así nos rescatarían del congelamiento cavernario del que por siglos nos mantenía en el subdesarrollo y en la ignorancia. Su ciencia y tecnología habían llegado para abrirnos los ojos por medio del brillo único del bendito mineral extraído de las entrañas de la tierra. Ese era el dios al que debíamos dedicar favores y concesiones en adelante.

Así llegaron aquel día y ahora solo nos queda recordar de lo que fue en nuestras vidas antes que la enorme empresa desplegara sus brazos e hiciera suyo gran parte de la comunidad y de otras comunidades aledañas. Esto no pasó hace 500 años. Es lo que vivimos hoy en día.

La lucha aimara

Las comunidades aimaras de Chila Chambilla y Chila Pucara, desde el 2014, le hacen frente a la imposición de concesiones mineras dentro de sus territorios comunales y de otras comunidades campesinas vecinas.

Se trata de una imposición puesto que el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), órgano adscrito del Ministerio de Energía y Minas, encargado de conceder derechos mineros a particulares, en ningún momento notificó o comunicó de forma cierta y oportuna a las comunidades involucradas para indicarles que sus propiedades estaban siendo comprometidas con la sobreposición de futuros proyectos mineros.

No permitieron que los propietarios puedan ejercer su derecho a la contradicción, es decir, a responder a las disposiciones administrativas del Estado y manifestar su asentimiento o negativa. El Estado concesionó 2,000 hectáreas de terrenos de Chila Chambilla y Chila Pucara a la empresa minera Kuskalla Mining.

La resistencia de ambas comunidades data de más de nueve años. La lucha llegó al fuero judicial para que un juez determine, mediante una sentencia judicial, las violaciones a los derechos fundamentales de las comunidades mencionadas y reponga los hechos al momento anterior a la vulneración, es decir, que declare nulas las concesiones mineras al no haberse respetado el derecho a la consulta previa, libre e informada y al consentimiento que les corresponde a las comunidades aimaras de Juli.

El antecedente del aimarazo

Es bastante recordado el levantamiento de defensa ecoterritorial del pueblo aimara del 2011, conocido como el aimarazo. Aquel año centenares de comuneros y comuneras se desplazaron en protesta desde sus territorios en el sur del departamento de Puno hacia la ciudad capital en rechazo al proyecto minero Santa Ana de la transnacional canadiense Bear Creek Mining Company.

En este caso, las comunidades indígenas también se enteraron de las concesiones mineras de forma extraoficial, porque el gobierno no cumplió con el proceso de consulta previa para obtener su consentimiento al proyecto platífero de Santa Ana.

A consecuencia de las protestas de entonces, muchas autoridades originarias aimaras, entre tenientes gobernadores, alcaldes, presidentes y directivos comunales, miembros del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, fueron denunciadas penalmente por el Ministerio Público por los delitos de extorsión agravada, disturbios y entorpecimiento a los servicios públicos.

Frente a estos actos de criminalización de la protesta como forma de intimidación hacia los pueblos indígenas, las comunidades buscaron justicia a sus legítimos reclamos a través procesos judiciales, confiando en que la justicia constitucional nacional pudiera resolver su caso.

La respuesta de la justicia

Una vez planteada la demanda de amparo, el Juzgado Mixto de Juli (Chucuito) resolvió en su sentencia que la empresa minera no había realizado ninguna actividad de exploración y explotación dentro de las comunidades demandantes, por ende, no existía ninguna afectación al territorio de las comunidades y no era pertinente exigir el cumplimiento de la consulta previa a favor de las comunidades aimaras.

Es decir, a criterio del juez, la empresa debía empezar con sus actividades de extracción de minerales, irrumpir la superficie y generar daño en el territorio para que recién se pueda atender la petición de las comunidades. Porque sin daño real y material, el órgano jurisdiccional no podía manifestarse ni impartir justicia. La amenaza cierta e inminente a partir de la titulación de concesiones, no era suficiente.

Disconformes con la sentencia de primera instancia, Chila Chambilla y Chila Pucara apelaron esta decisión ante la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno. Aquí los magistrados que conformaban el colegiado fueron más allá de solo desatender la demanda aimara. Indicaron en su sentencia de vista que las comunidades demandantes no podían recurrir a la vía constitucional ya que “no se desprende con claridad la pertenencia a uno de estos colectivos o su autoidentificación con estos colectivos no ha sido acreditado con prueba suficiente, a fin de establecer la viabilidad del proceso constitucional de amparo y que en sede constitucional se determine la protección prevista por el Convenio 169 de la OIT”.

Es decir, las comunidades recurrentes no habían demostrado con documentos su calidad de pueblos aimaras, por lo que el Convenio 169 de la OIT no les ampara y por tanto la consulta previa tampoco les correspondía como derecho fundamental.

La Sala Civil, compuesta por jueces puneños, no tuvo mayores reparos al sentenciar que los recurrentes no eran mas parte del pueblo aimara y si en caso lo eran debían demostrarlo fehacientemente. La frustración, indignación e impotencia iba recrudeciendo en las comunidades.

Agotada la segunda instancia, las comunidades recurrieron al Tribunal Constitucional (TC) como último peldaño del fuero constitucional nacional. La respuesta del máximo ente garante de derechos constitucionales coronó la serie de atropellos jurisdiccionales de las que fueron parte las comunidades campesinas aimaras de Juli en los nueve años de trámite judicial.

Con los votos de los magistrados Augusto Ferrero Costa, José Luis Sardón de Taboada y Ernesto Blume Fortini, en la sentencia recaída en el expediente 03066-2019-PA/TC de marzo del presente año, el TC continuó declarando improcedente la demanda constitucional de amparo presentada por Chila Chambilla y Chila Pucara. Indicaron que el derecho a la consulta previa no se encuentra reconocido por la Constitución, por lo que no es un derecho fundamental, y que el Convenio 169 de la OIT no tenía más rango constitucional.

Y la lucha continúa

La bandera de resistencia indígena la enarbolan también estas dos comunidades campesinas aimaras, quienes están dispuestos a recurrir a instancias supranacionales para que este atentado contra el Convenio 169 de la OIT y el derecho a la consulta previa se detenga, y se vuelva a recuperar todo el avance hasta antes de esta gravosa sentencia.

El camino va con dirección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como a las relatorías correspondientes de las Naciones Unidas y su dependencia, la Organización Internacional del Trabajo, como adoptante del Convenio 169.

Escribe: José Bayardo Chata Pacoricona 

Derechos Humanos y Medio Ambiente - DHUMA