Prensa, comunidades y rondas campesinas

Prensa, comunidades y rondas campesinas

A partir de la coyuntura del encuentro de la prensa capitalina y las rondas campesinas, unos breves apuntes sobre las comunidades y las rondas campesinas.

Propiedad comunal

Empecemos por una máxima que es básica pero no se tiene claro, incluso en las mismas comunidades:  El territorio de las comunidades campesinas son propiedad privada. El hecho que no tengan linderos visibles no hace que cualquier persona ajena a la comunidad pueda ingresar sin el consentimiento del titular. Rige el mismo principio de inviolabilidad de domicilio. La propiedad colectiva sobre el territorio de las comunidades cuenta con un régimen especial que hace que estén inscritos en los registros públicos, subrayándose la seguridad jurídica con la que cuentan respecto a sus tierras.

Otro punto tiene que ver con la autonomía comunal y para esto, necesariamente tenemos que empezar por el contenido constitucional, en donde en su artículo 89 nos indica que las Comunidades Campesinas son autónomas en su organización y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo. La autonomía comunal es la principal atribución que resalta a favor de las comunidades campesinas en cuanto al uso, disfrute y disposición de sus tierras.

A esto se suma lo dicho por el Convenio 169 de la OIT en su artículo 18, señalando que “La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones.” Tratados internacionales de derechos humanos defienden los territorios de comunidades indígenas de terceros intrusos.

Rondas campesinas y justicia comunal

Ahora respecto a las rondas campesinas. En el ámbito de sus facultades jurisdiccionales, las rondas campesinas tienen la facultad de aprehensión, retención e incluso la detención de las personas que han cometido una infracción a sus normas y reglas expresamente señaladas en su estatuto con la finalidad de aplicarles las sanciones correspondientes, siempre que se respeten las garantías mínimas como el hecho de tomar conocimiento de los cargos concretos que se le atribuyen, de que la persona tenga el tiempo necesario para preparar su defensa, etcétera. Esto siempre en forma razonable y proporcional. (STC Exp. N° 02765-2014-AA, f.j. 76)

La Constitución en el famoso artículo 149, habla de respeto a los derechos fundamentales en las intervenciones de las rondas. Aquí llega el Acuerdo Plenario N° 001-2009/CJ-116 que da luces sobre los excesos que no se debe cometer en el ámbito del actual de la justicia comunal, indicando que: “ (...) será de rigor considerar como conductas que atentan contra el contenido esencial de los derechos fundamentales y, por tanto, antijurídicas y al margen de la aceptabilidad del derecho consuetudinario, (i) las privaciones de libertad sin causa y motivo razonable –plenamente arbitrarias y al margen del control típicamente ronderil-; (ii) las agresiones irrazonables o injustificadas a las personas cuando son intervenidas o detenidas por los ronderos; (iii) la violencia, amenazas o humillaciones para que declaren en uno u otro sentido; (iv) los juzgamientos sin un mínimo de posibilidades para ejercer la defensa –lo que equivale, prácticamente, a un linchamiento-; (vi) la aplicación de sanciones no conminadas por el derecho consuetudinario; (vii) las penas de violencia física extrema –tales como lesiones graves, mutilaciones- entre otras”.

Y, entendidos en estas normativas claves, muchas de las comunidades campesinas de Puno vienen implementando garitas de control en las vías de acceso a su territorio y otras formas de custodia territorial, acción más difundida en la época del confinamiento social por la pandemia de la covid-19. De la misma forma, las comunidades han optado por conformar rondas campesinas que pueda coadyuvar a la seguridad y control de sus territorios.

 

En la lectura de opiniones, uno fácilmente puede darse cuenta de la visión miope, promedio o amplia que las personas tienen de las sociedades del país. La postura de quienes han trajinado sólo en el ámbito de la urbanidad -cuando su visita al campo se limita al paseo en coche del fin de semana- con mucha dificultad podrá empatizar con esa otra realidad a la que solo accede al acampar un feriado largo. El Perú convencional aún no acaba de entender a su otro yo, pero, contradictoriamente, se porta raudo al momento de juzgarlo a partir de lo que aparece en televisión.

José Bayardo Chata Pacoricona.

Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA