Comunidades aimaras piden el cierre del Tribunal Constitucional (TC), por no proteger los derechos colectivos.

Comunidades aimaras piden el cierre del Tribunal Constitucional (TC), por no proteger los derechos colectivos.

Dan un plazo de 15 días al Tribunal Constitucional, Ministerio de Cultura, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo para que se puedan pronunciarse sobre la desatinada sentencia del TC y el cese de las concesiones mineras en los territorios de las comunidades aimaras, de no ser así ingresaran al II Aymarazo con medidas indefinidas.

Aproximadamente 7 mil personas de las comunidades campesinas de Chila Chambilla y Chila Pucara y otras comunidades aimaras del Centro Poblado de Caspa, distrito de Juli, provincia de Chucuito, participaron del paro preventivo de 24 horas, rechazando las 2,000 hectáreas de concesión minera de la empresa Kuskalla Mining Company que se encuentran en sus territorios, también solicitaron al Tribunal Constitucional enmendar la sentencia que niega la consulta previa a los pueblos indígenas como derecho fundamental (Expediente N° 03066-2019-PA/TC).

Con arengas, como la consulta previa sí es un derecho fundamental, la consulta previa es nuestro derecho, rechazamos las concesiones mineras, abajo Tribunal Constitucional, no a la discriminación, no a la minería, sí a la agricultura, concesiones mineras no, agua sí, cierre  del Tribunal Constitucional, cierre del Congreso, entre otras frases; se movilizaron desde sus comunidades campesinas; pasando por la Corte Superior de Justicia de Puno, sede judicial de Juli; teniendo como punto de concentración la plaza de armas de Juli. Allí autoridades originarias, dirigentes, lideres y lideresas expresaron su malestar, exigiendo el cierre del Tribunal Constitucional, por no proteger los derechos de los pueblos indígenas.

Según los pobladores los 4 magistrados (Ernesto Blume, Augusto Ferrero, José Luis Sardón y Manuel Miranda) no pueden decidir los derechos de los más de 6 millones de personas que se autoidentifican parte de un pueblo indígena, además el periodo de vigencia del actual TC venció en abril del año 2019.

Mediante un memorial, elaborado por las comunidades aimaras de Chila Chambilla y Chila Pucara se dirigieron al TC, pidiendo que el recurso de subsanación sea resuelto protegiendo y respetando los derechos colectivos estipulados en el Convenio 169 de la OIT; Ministerio de Cultura, mayor involucramiento en la promoción, aplicabilidad y cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios; Defensoría del Pueblo, seguimiento y acompañamiento a las acciones que ha emprendido las comunidades aimaras ante el TC y posteriormente  a la Corte Interamericana; Poder Ejecutivo cese de las concesiones mineras que se dieron en sus territorios, sin llevar el proceso de consulta previa y al Poder Legislativo, agendar la Acusación Constitucional presentada por la Congresista, Margot Palacios contra los 4 magistrados del TC.

ANTECEDENTES:

Año 2005, Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), entrega a la empresa Cemento Sur, 2000 hectáreas de concesión minera en territorio de las comunidades campesinas de Chila Chambilla y Chila Pucara, sin llevar un proceso de consulta previa, libre e informada de acuerdo al Convenio 169 de la OIT. 

Año 2014, después de 9 años, las comunidades aimaras descubren la presencia de las concesiones mineras en sus territorios.

Ante la evidente omisión de la consulta previa, las comunidades aimaras para defender y proteger sus derechos y derechos de la Madre Tierra, emprendieron con el proceso educativo de fortalecimiento de capacidades y organizacional sobre Ley de Comunidades Campesinas, Convenio 169 de la OIT, consulta previa, Ley de recursos hídricos, entre otros temas.

Como parte de acciones noviolentas, plantearon ante la justicia peruana un proceso constitucional de amparo, exigiendo la nulidad de las concesiones mineras y la aplicabilidad del derecho a la consulta previa, evitando de esta forma muertes, lesiones, detenciones arbitrarias y acusaciones y juicios contra los defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales.

Durante el proceso, la empresa Cemento Sur transfirió sus concesiones mineras a la empresa Kuskalla Mining Company S.A.

En 2018, el Primer Juzgado Mixto de Chucuito Juli declaró improcedente la demanda constitucional de acción de amparo, indicando que “la empresa no había aun acciones de exploración ni explotación, no siendo la entrega de concesiones un hecho que genere daño a las comunidades”. Esta sentencia motivó a que las comunidades aimaras apelen la decisión a instancias superiores.

Año 2019, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Puno, confirmó la sentencia, alegando que las comunidades aimaras de Chila Chambilla y Chila Pucara no probaron documentalmente ser parte de un pueblo indígena. La decisión causó mayor indignación, elevándose el proceso judicial hasta el Tribunal Constitucional a través del recurso de agravio constitucional.

02 marzo de 2022, el Tribunal Constitucional, resuelve el caso (Expediente N° 03066-2019-PA/TC), declarando improcedente la demanda constitucional de amparo presentada por las comunidades aimaras de Chila Chambilla y Chila Pucara, desconociendo el carácter de derecho fundamental a la Consulta Previa. Según los magistrados del Tribunal Constitucional, “la consulta previa no está reconocida por la Constitución de forma expresa o tácita, por consiguiente, no tiene rango constitucional, además no puede ser considerado como un derecho fundamental ni puede reclamarse su tutela a través de un proceso de amparo”.

07 de marzo de 2022, en una conferencia de prensa, las comunidades aimaras rechazaron la sentencia del Tribunal Constitucional, exigiendo inmediata subsanación de la sentencia que es atentatorio a los derechos de los pueblos indígenas, de no ser así, advirtieron acudir a la Corte Interamericana para hacer respetar sus derechos.

¡La consulta previa si es un derecho fundamental!

Escribe: Vito Calderon Villanueva-DHUMA