¿Por qué comunidades aymaras de Juli-Puno, esperan sentencia favorable del TC?

¿Por qué comunidades aymaras de Juli-Puno, esperan sentencia favorable del TC?

La consulta previa en concesiones mineras ubicadas en territorios de los pueblos indígenas, continúa siendo materia de debate y posturas de acuerdo a los intereses de empresas mineras, el Estado y más de 55 pueblos indígenas del Perú.

Desde el Tribunal Constitucional (TC) la materia en cuestión fue abordada en dos ocasiones en los casos de Arboleda y Llungo, comunidades campesinas quechuas de la región de Puno; sin embargo, no se logró aclarar en qué momento de la fase de la actividad minera es viable la aplicabilidad del derecho a la consulta previa e informada en el marco del Convenio 169 de la OIT.

 

Pretextos del TC

Caso Arboleda. El proceso de amparo interpuesta por la comunidad quechua Arboleda inició en el año 2011. Después del largo proceso persistido por la comunidad, en 2019 (STC 01129-2012-PA) el TC emitió sentencia, dejando en suspenso la aplicabilidad del derecho a ser consultado los pueblos indígenas en concesiones mineras. Los magistrados del TC se abstuvieron de pronunciarse sobre el fondo del derecho exigido por la comunidad Arboleda alegando que durante el proceso no se había notificado a los titulares de las concesiones mineras a fin de que ejerzan su derecho a la defensa, a pesar que estas se habían extinguido.

Caso San José de Llungo (Atuncolla). Es otro proceso de amparo (omisión de consulta previa) iniciado por la comunidad San José de Llungo en 2012. El caso fue conocido por el TC en 2019, y en 2020 se emitió la sentencia (STC 02603-2014-PA) con el principal argumento, sustracción de materia en el proceso, debido a que las concesiones mineras ya se habían extinguido; por consiguiente, no cabía pronunciarse sobre el tema de fondo, dejando nuevamente en suspenso su aplicabilidad.

 

Presente caso

¿TC buscará otro pretexto para evadir pronunciarse sobre consulta previa en concesiones mineras?

El caso del proceso constitucional de amparo por la omisión de la consulta previa en las comunidades aymaras de Chila Chambilla y Chila Pucara, es similar a los dos casos arriba mencionados. Mediante el proceso se exige al Estado la nulidad de las concesiones mineras entregadas a la empresa Kuscalla Mining, y la aplicación del derecho a la consulta previa e informada.

En comparación con los primeros casos, aquí se emplazó al titular de las concesiones mineras, Kuscalla Mining para que pueda ejercer su defensa en el marco del debido proceso. Asimismo, las 2 mil hectáreas de concesiones siguen vigentes en territorios de Chila Chambilla y Chila Pucara, contario a lo sucedido en Arboleda y Llungo.

Concerniente a la identificación de pueblo indígena, está probado que los comuneros y comuneras se autoidentifican parte del pueblo aymara, practican y mantienen vigente su cultura ancestral de acuerdo a sus usos y costumbres, hacen uso permanente del idioma aymara para comunicarse entre los miembros de la comunidad y están en permanente comunicación con la Pachamama por medio de ofrendas de agradecimieto. También están reconocidos y registrados en la Base de Datos de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura.

 

Audiencia pública virtual ante el TC

El miércoles, 07 de abril de 2021, se desarrolló la audiencia pública en el Tribunal Constitucional, referente al proceso constitucional de amparo (omisión de consulta previa) de las comunidades campesinas de Chila Pucara y Chila Chambilla, pendiente desde el año 2014. Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado defensor de las comunidades, expuso las razones de porqué la demanda debe ser declarado fundado.

Entre los argumentos se destaca la afectación a los derechos colectivos, restricción al goce y uso del derecho a la propiedad. Con las concesiones mineras la empresa Kuscalla Mining adquiere derechos reales, poniendo en riesgo la integridad el territorio comunal y sus recursos naturales, según la Ley Orgánica de Aprovechamiento de Recursos Naturales N° 26821.

Agregó que las concesiones se hacen a espaladas de las comunidades campesinas, pues las notificaciones que se publican en los diarios autorizados, no son de conocimiento de las comunidades, y más aún las publicaciones carecen de explicaciones detalladas y comprensibles.

Por su parte, el abogado del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), Víctor Pariona Lozano, resaltó los artículos 6 y 15 del Convenio 169 de la OIT sobre el derecho a la consulta previa. Advirtió que la pertenencia a un pueblo indígena no solo es suficiente la autodeterminación, sino existen otras características. Sobre este último, el magistrado, Eloy Espinoza Saldaña preguntó a la parte demandada qué características más se debe considerar para la identificación de un pueblo indígena. INGEMMET solo atinó a mencionar que también debería considerante criterios políticos y religiosos, afirmación que no fue aceptado por el magistrado.

 

Antecedentes

En el año 2014, las comunidades de Chila Chambilla y Chila Pucara fueron sorprendidos con la presencia de concesiones mineras en sus territorios, afectándoles 2 mil hectáreas de tierras destinadas para la agricultura y ganadería. Al enterarse de la noticia, las autoridades originarias, con respaldo de los pobladores de las comunidades aymaras mencionadas, optaron por recurrir por la vía judicial, en vez de tomar medidas de protesta social.

Iniciando proceso constitucional de amparo por la vulneración de los derechos colectivos como consulta previa y respeto a tierra y territorio que ocupan ancestralmente, demandando al Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) y a la empresa minera Kuscalla Mining.

El proceso en primera instancia fue declarado improcedente, y en julio del año 2019, la Sala Civil del Juzgado de Puno, ratificó la sentencia de origen; quedando infundado el recurso de apelación interpuesto por las Comunidades de Chila Chambilla y Chila Pucara.

Además, la Sala Civil de Puno, pese a las evidencias visibles, negó la pertenecía de las comunidades de Chila Chambilla y Chila Pucara al pueblo originario aymara, por consiguiente, no es posible aplicar el Convenio 169 de la OIT que reconoce el derecho a la consulta previa.

Las Comunidades de inmediato presentaron recurso de agravio constitucional logrando que el caso se eleve al Tribunal Constitucional (TC) con el Expediente N° 03066-2019-AA.

Escribe: Vito Yuganson Calderon Villanueva-DHUMA